Hoy todo el mundo empresarial defiende el libre mercado, cuestionarlo es como ir contra las esencias del desarrollo económico. Es un nuevo dogma ante el que solo cabe creer y venerar. Pero, ¿es libre el mercado actualmente?

Para entendernos, aclaro lo que entiendo por libre mercado, no sea que discutamos desde conceptos diversos. Creo que este concepto encierra dos niveles (o dos partes): uno, es un sistema económico por el que, sin intervención externa (en especial, sin intervención del Estado), los precios se establecen en el equilibrio de la oferta y la demanda. De ahí la petición de quienes defienden este sistema de que el Estado intervenga lo menos posible y que permita que la dinámica oferta-demanda fluya de forma que los oferentes (empresas) puedan adaptar sus estrategias como mejor convenga (se autorregulen). De ahí, surge el otro nivel, basado en que todas las empresas han de jugar en las mismas condiciones, sin ayudas externas y dejando a cada una su autorregulación que les permitan competir de forma equilibrada.

Según esto, todas las empresas han de partir de la misma línea de salida y en las mismas condiciones (las que cada una tenga) para conseguir las mejores circunstancias competitivas que cada una, por sí misma, pueda alcanzar. Todas tienen las mismas oportunidades para conseguir el éxito y, desde luego, su sostenibilidad. Cualquier apoyo externo, especialmente si proviene de los poderes públicos, conllevaría un desequilibrio competitivo que desequilibraría el juego. Por ello, se pide que los gestores de lo público intervengan lo menos posible y deje que el mercado se autorregule.

El esquema está claro. Lo que no está claro es que funcione así realmente. Algunos ejemplos: la economía social y solidaria hace esfuerzos empresariales (genera riqueza y empleo) desde y para grupos sociales amenazados (o en peligro) de exclusión social. Personas que no siempre están bien admitidos por el mercado y que los empleadores no desean mirarles a la cara, pero que estas empresas de la economía solidaria intentan integrar socio-laboralmente. Con ello, trabajan por la cohesión social, lo que siempre es positivo para la sociedad y para la economía, pues se intenta que todas las personas tengan su espacio social y, por qué no, en su capacidad de consumo, lo que es amenazado por la exclusión social, haciendo daño a todo el proceso.

El liberalismo no percibe que la igualdad en la línea de salida para la competitividad no es lo mismo que la equidad

Bien, estas empresas están sufriendo menoscabos y exclusión cuando demandan políticas públicas que fomenten la cohesión social, de forma que ya se ha calificado a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo o a las cooperativas integrales de competencia desleal por demandar clausulas sociales en los contratos públicos. En la idea de que el administrador público ha de cuidar la calidad de lo contratado, la ubicación de la riqueza generada y el empleo creado. No le puede ser indiferente la concesión de un contrato asumiendo la posibilidad de que los beneficios sociales de la economía surgida se vayan fuera del territorio.

No deja de ser esperpéntico que las empresas cuasi monopolísticas en la recogida de residuos califiquen de competencia desleal a cuatro jóvenes que un ayuntamiento determinado les conceda el cuidado de jardines para integrarles socialmente y aminorar su exclusión social. Como no deja de ser un sinsentido que hace unos años, a finales de 1999, la economía social tuviera que discutir con el Ministerio de Industria porque éste quería poner un límite de socios a las cooperativas eléctricas. ¿Por qué un límite? O que la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en su disposición adicional decimoquinta prohíba a las cooperativas tener una gasolinera [1] Claro, el sector rural en España está casi cooperativizado (cooperativas agrarias) y que las cooperativas puedan vender gasolina a terceros robaría mercado a los operadores dominantes en este sector, casi oligopolizado.

Esto nos lleva a la presión de los grandes sobre las políticas públicas que, en ningún caso, es equiparable a la que puedan hacer los pequeños. Entonces, ¿dónde está la libertad de mercado? Quienes lo defienden de la forma expresada no perciben que la igualdad en la línea de salida para la competitividad no es lo mismo que la equidad, que si podría sentar las bases de un mercado libre e igual para todos.

Pero, ¿es cierto que los grandes influyen en las políticas públicas o simplemente que los gobiernos piensan desde los grandes? En cualquiera de los dos casos, ese supuesto equilibrio competitivo parece que se da más en los libros que en la realidad. Lo que hace concluir que lo mismo ocurre con la cacareada libertad de mercado.

Susan George, en su reciente libro “Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder” (Icaria Antrazyt, Barcelona, 2015), cuenta la siguiente anécdota: iba Bill Clinton en el Air Force One y comenta a los periodistas que marchaban a bordo que estaba leyendo un muy buen libro titulado Global Dreams, sobre cómo las más poderosas corporaciones transnacionales controlan el mundo. Un periodista le pregunta:-¿Qué piensa usted al respecto, señor Presidente? -¿Qué puedo hacer yo? Nada. Solo soy el Presidente de los estados Unidos. No puedo hacer nada respecto a estas empresas”.

Sin libertad para la ciudadanía

Esto podría ser una simple broma del Presidente Clinton si no fuera evidente el peso de las empresas en las políticas públicas de ese país. En el libro citado, Susan George dice que “la población de EE.UU. gasta anualmente cerca de 350.000 millones de dólares en medicamentos. La diferencia entre el precio del consumidor y los costes de producción es tan enorme que los medicamentos en EE.UU. podrían venderse en un mercado libre aproximadamente en una décima parte de su precio”.

Claro, podría objetarse que esto ocurre en EE.UU. pero no en Europa, salvo que lea informaciones como esta de Público, según la cual, además de constatar el sigilo con que se está llevando en Europa la negociación del TTIP, afirma que “sólo 26 de las 560 reuniones tuvieron a representantes de la sociedad civil como protagonistas. De hecho, entre enero de 2012 y abril de 2013, antes de comenzar las negociaciones oficiales entre EEUU y la UE sobre el TTIP, el 92% de los encuentros auspiciados por Bruselas al respecto tuvieron lugar entre la Comisión y los lobbies privados, y sólo el 4% de los encuentros tuvieron a los representantes de la sociedad civil como protagonistas. Lo que es lo mismo: 520 de los 560 encuentros sentaron a la UE con empresas, y sólo 26 con grupos en representación del interés público. Esto refleja que “la Comisión da más importancia a las empresas que a los ciudadanos", denuncia en Público Ester Arauzo, portavoz del Observatorio Corporativo Europeo (CEO, por sus siglas en inglés), una ONG encargada de vigilar la presión que ejercen las multinacionales sobre la actividad de la Comisión Europea”.

Tres individuos particulares tienen el poder de revisar,todos los actos del gobierno y tribunales

Conviene, también observar los cargos públicos que sí entran de lleno en “los secretos” de estas negociaciones, pues un abogado de la industria asesorará a la Comisión Europea en el TTIP . Este abogado, Jan Eric Frydman, tiene un largo curriculum en las demandas de autorregulación del sector empresarial, pertenece a un importante lobby especializado en estas inquietudes y defenderá que los pleitos de las grandes empresas se hagan fuera de los tribunales nacionales y en arbitrajes privados. SI esto se aprobara, los estados perderían su soberanía legislativa. Según Susan George “los gobiernos no pueden demandar a las corporaciones por daños como si perjudican el medioambiente, la salud pública o la propiedad pública, o que, de algún otro modo, no se cumpla el contrato. Un gobierno no puede ganar, solo puede perder. Como escribiese un honesto árbitro profesional europeo: "Cuando me despierto por la noche y pienso sobre el arbitraje nunca deja de sorprenderme que los estados soberanos hayan aceptado el arbitraje sobre las inversiones. A tres individuos particulares se les ha concedido el poder de revisar, sin ninguna restricción o posibilidad de apelación, todos los actos del gobierno, todas las decisiones de los tribunales, y todas las leyes y regulaciones que emanan del parlamento”. [2]

El secretismo, que no afecta tanto a las corporaciones presentes, sí limita la acción de los europarlamentarios que desean incorporarse al lugar donde se trabajan estas negociaciones, pues, estos europarlamentarios, antes de entrar han de despojarse de todo lo que pueda ser instrumento de copiar, según el eurodiputado español Ernest Urtasun (ICV) en la ’sala secreta’ del TTIP: “Te despojan de todo, móvil, papel y bolígrafos, te obligan a firmar un documento de confidencialidad de varias páginas y te dan un tiempo limitado para leer los documentos que te dejan, según criterio de ellos, y que ya sueles conocer por medios de comunicación. Esto, a los representantes del pueblo.

El criterio básico de este convenio es homologar los marcos legislativos para que lo que pueda venderse en EE.UU. pueda ser vendido en Europa, sin más. El libre comercio es libre solo para quien tiene el poder de marcar lo que es la libertad de comercio y lo que no es, independientemente de lo que eso afecte a la sociedad. Lo políticos que elegimos se convierten en instrumentos de las grandes corporaciones que definen los que interesa a sus necesidades económicas y de crecimiento, con la excusa de que ese crecimiento, por el hecho de ser, ya afecta a la sociedad. Aunque no se expliciten las condiciones en que afecta (precariedad en el empleo, inseguridad alimentaria…).

¿Es esto lo que se defendía como libre comercio? ¿Dónde queda la libertad de los ciudadanos, de sus representantes, de la pequeña empresa, de la empresa que busca la cohesión social? El concepto de libertad de mercado se enmascara bajo la defensa de los derechos e intereses de quien tiene poder para integrar en los procesos legislativos (redactarlos) sus intereses de parte. Una vez más los presupuestos del neoliberalismo se oscurecen,