No es una tarea fácil, desde luego. En el estado español, las últimas reformas laborales han servido para fijar un marco con dos claros objetivos: reducir el coste del factor trabajo y debilitar la negociación colectiva, reforzando así las facultades de las empresas para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo. Una ofensiva contra los derechos laborales que, en último término, obedece a una estrategia cuyo fin es hacer competitiva la economía española en el contexto de la división europea del trabajo.

Y es que dada la especialidad inmobiliario-financiera del modelo español, y al margen de políticas monetarias que favorezcan las exportaciones, las reformas en el despido y la contratación, como ya han señalado algunos analistas, no buscan sino facilitar que las empresas puedan acomodar sus plantillas a las necesidades del ciclo, aumentándolas en la fase alcista y reduciéndolas en la fase recesiva. Nada que ver, por tanto, con fomentar un modelo productivo que favorezca la creación de trabajo estable y de calidad.

La globalización y la financiarización de la economía, finalmente, han arrasado con los espacios y las formas de organización que en la época fordista permitieron al trabajo ganar terreno a costa de los beneficios del capital. ¿Cómo luchar contra las deslocalizaciones o confrontar a unas empresas cuya producción se fragmenta hasta el infinito a través de una cadena de subcontrataciones que coloca a los trabajadores y las trabajadoras en una situación cada vez más precaria?

No todo son malas noticias, sin embargo. Conflictos como los que han sostenido recientemente el personal de la planta de embotellado de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid) o los trabajadores y trabajadoras de las contratas de Movistar en todo el Estado ofrecen algunas claves, en forma de oportunidades y límites. Así, la comunicación hacia el exterior, buscando la complicidad e implicación del tejido social en el cual se insertan las luchas, se ha tornado fundamental, del mismo modo que se hace absolutamente necesario establecer formas de organización amplias y flexibles que permitan establecer redes de solidaridad entre colectivos de personas cuyas condiciones laborales e intereses pueden ser distintos en cada caso.

Resulta crucial, por tanto, que actores diversos sean capaces de establecer estrategias comunes a la hora de abordar un conflicto concreto, pero al mismo tiempo ese esfuerzo debería trascender los espacios de trabajo para extenderse a todo el cuerpo social. Una aportación esencial a esta idea es, a nuestro juicio, la que realiza la economía feminista.

El enfoque que adopta el feminismo sobre la economía cuestiona directamente la sostenibilidad de un modelo que gira en torno al incremento del beneficio y la acumulación de capital y se basa en la materialización de un crecimiento ilimitado. Dicho enfoque, partiendo de la conciencia de la vulnerabilidad humana, pretende situar la reproducción social y el sostenimiento de la vida, entendida en un sentido universal, en el centro de la actividad económica.

Por supuesto, continúa siendo pertinente la defensa de unas condiciones de trabajo dignas, de la cual hablábamos en un principio, pero lo que planteamos en estos momentos es, partiendo de esta visión feminista de la economía, el siguiente interrogante: ¿qué trabajos son necesarios para el sostenimiento de la vida y la reproducción social? ¿de qué maneras podemos asegurar que las personas, más allá del acceso a un trabajo remunerado, cuenten con recursos suficientes como para, cuando menos, ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas?

Estas cuestiones nos remiten a otros aspectos que se encuentran estrechamente ligados a ellas y deberían incorporarse a la reflexión sobre el trabajo. En primer lugar, deberíamos empezar por cuestionar la idea de escasez, y tomar conciencia de que la desigualdad no es fruto de nuestras conductas individuales sino que es producto de una injusta distribución de la riqueza.

Dicho esto, insistimos en que una de las reivindicaciones debería ser obviamente el derecho a un trabajo digno, pero unida a ella debería ir la reclamación de un acceso en igualdad de condiciones a los frutos de ese trabajo para todas las personas.

Si a esto unimos que el trabajo remunerado no es capaz de “salarizar” toda la actividad que en la práctica llevan a cabo colectivos como las mujeres, que mayoritariamente realizan el trabajo de cuidados, o los migrantes y otros grupos de personas excluidas del acceso al mismo, concluiremos que todos y todas deberíamos tomar conciencia de la necesidad de reclamar y defender unas instituciones y unos espacios comunes que, antes que cualquier otra, asuman como primordial la necesidad de plantear el sostenimiento de la vida como objetivo fundamental.

¿Cómo plasmar en algo concreto esas instituciones y espacios comunes? Desde luego, a través de la creación y mantenimiento de unos servicios públicos de acceso universal a todos los ciudadanos y ciudadanas. Unos servicios que, más allá de la discusión sobre su prestación pública o privada, deben contar ante todo con una gestión adecuada que vele por la conservación del patrimonio común, en lugar de promover su expolio, y ser propiedad inalienable de la ciudadanía.

Finalmente, cuestiones como el reparto equitativo del trabajo asalariado y el no remunerado, la reducción de horarios, o la posibilidad de implementar una renta básica universal, vendrían a completar y enriquecer el marco conceptual en el cual, a nuestro juicio, deberían desarrollarse las discusiones y debates sobre el trabajo.