Buena parte de la energía del activismo que se implicó en las luchas contra las políticas de austeridad y recortes -iniciadas por el PSOE y profundizadas por el PP-, se ha desplazado a la contienda electoral en un intento por recuperar las instituciones para la ciudadanía. Y es que la mayoría absoluta alcanzada por el PP y la aplicación autoritaria de su rodillo parlamentario mostraron la necesidad de un asalto institucional a todas las escalas: municipal, autonómica y estatal. Se desafío a las élites y se intentó materializar, allí donde se pudo, el clima de cambio e indignación que circulaba por la sociedad desde 2011.

En este sentido podríamos decir que –si bien de forma limitada– las fuerzas políticas del cambio han conseguido parte de sus objetivos. Dado que la composición del Parlamento del 20D hace muy difícil cualquier mayoría unilateral, los partidos que formen gobierno estarán a obligados a alcanzar importantes consensos a la hora de legislar. La gobernabilidad será frágil: estará sometida a las dinámicas del conflicto y el acuerdo entre las demandas sociales que constituyen el programa de Podemos (más confluencias) y los límites de la vieja política. Todo ello si logra formarse un gobierno, pues la posibilidad de unos nuevos comicios sigue abierta.

Este escenario unido a las presiones de la UE para adoptar nuevas medidas de austeridad –se habla de un paquete de recortes de 25 millones de euros–, marcará sin duda los acontecimientos de los próximos meses en una legislatura que se presenta complicada e interesante (todavía más si le agregamos el espectro de la crisis mundial que comienza a sacudir los mercados).

Esto nos lleva a considerar algo que no se ha abordado explícitamente en la campaña electoral pero que se antoja fundamental por cuanto ha condicionado el modelo económico a lo largo de las últimas décadas en el estado español y la periferia continental: nos referimos a la división del trabajo a escala europea. Sólo desde esta perspectiva, así como tomando en consideración el funcionamiento del capitalismo financiarizado a escala global, cabe entender la especialización de la economía española en el turismo y la construcción, con unas consecuencias ya conocidas y de las cuales cabría destacar las siguientes:

– Salarios congelados y retroceso de los derechos laborales.

– Viviendas más caras. Un bien de primera necesidad que deja de considerarse como tal para convertirse en “una inversión”. Se han fomentado el acceso al crédito y el endeudamiento a largo plazo como alternativas para el acceso a la vivienda en propiedad, pero también para sostener unos niveles de consumo que difícilmente podrían haberse asumido en base a la evolución de los salarios.

Es lo que algunos autores han definido como “capilaridad” de las finanzas y “efecto riqueza” basado en la posesión de bienes patrimoniales.

– Este modelo se vale de redes clientelares bien estructuradas. Un partenariado corrupto entre instituciones públicas y empresas que –además de generar un elevadísimo coste para la ciudadanía por el despilfarro de recursos colectivos–provoca un enorme impacto ambiental.

– Subordina la obtención de ingresos públicos a la natural evolución del ciclo inmobiliario.

¿Qué podemos esperar de la UE?

Conviene recordar que han sido el PP y el PSOE quienes han gestionado y articulado la inserción del estado español en el espacio europeo. Un encaje que se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades de una Europa neoliberal que, a la postre, ha mostrado unos desequilibrios inaceptables para la mayoría de habitantes de la UE.

Si tenemos en cuenta que las medidas adoptadas a raíz del desarrollo de la crisis económica, especialmente en lo que se refiere a la nueva ronda de ataques a los salarios y a los derechos laborales, van claramente dirigidas a adoptar un determinado perfil productivo de escaso valor añadido, y si además consideramos que los elevados niveles de endeudamiento harán prácticamente imposible la activación de un nuevo ciclo de las características del anterior no queda sino concluir que fenómenos como la precariedad laboral o la desigualdad han venido para quedarse.

Dicho esto, la pregunta clave parece ser: ¿qué futuro cabe en una UE diseñada como un gobierno de la precariedad?

En otras palabras, es evidente que no podemos permanecer ajenos a lo que ocurre en las instituciones. En este sentido basta mirar atrás para darse cuenta de las consecuencias nefastas el gobierno de un partido que comparte la visión del proyecto europeo tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora. Por otro lado, sin embargo, debemos ser conscientes de los estrechos márgenes de acción que tiene un estado y su gobierno en tanto en cuanto no exista un cuestionamiento a nivel de la Unión de la idea de Europa que hoy por hoy defiende Alemania, tal y como ha quedado demostrado con la crisis griega.

No ser consciente de dichos límites podría llevar a mucha gente que ha puesto sus esperanzas en la apuesta institucional a la frustración y el desencanto. Podríamos decir incluso que resulta arriesgado y debe explicarse bien que muchas de las propuestas que llevan los partidos del cambio en sus programas -y que dependen de una fuerte inversión pública- difícilmente pueden llevarse a cabo hoy en día en la medida en que impliquen romper el corsé de la austeridad. Lo cual no significa que, a su vez y como decíamos más arriba, no haya margen para aplicar otras políticas.

Podemos concluir, por tanto, que no parece posible un cambio sustancial en el modelo productivo español en tanto no se logre alterar el equilibrio de fuerzas en la UE y se cuestione la división del trabajo que sitúa a los países periféricos en una posición subordinada a la generación, vía finanzas, de beneficios a partir de los capitales excedentes de las economías del centro.

Algunas cuestiones se revelan cruciales para este nuevo periodo:

1) Fortalecer redes y alianzas de movimientos y partidos a nivel europeo, haciendo hincapié en la denuncia del carácter antidemocrático del diseño de la propia UE y sus instituciones. Las luchas en contra de la firma de los tratados de libre comercio (TTIP), así como el debate sobre la deuda, pueden servir a estos objetivos. Ya existen dos apuestas desde la izquierda en este sentido: Pour un Plan B en Europe, con políticos como Jean–Luc Melénchon, Zoé Konstantopoulou y Oskar Lafontaine, que parece declinarse en clave excesivamente soberanista y nacional, y el nuevo movimiento protagonizado por Yanis Varoufakis, Democracia en el Movimiento Europeo 2025 (Diem 25), cuya apuesta se perfila como paneuropea y anti austeridad.

2) Denunciar abiertamente unas políticas neoliberales que pretenden hacer competitiva la economía española a costa de imponer un futuro de precariedad para la mayoría. En un contexto en el cual el sistema capitalista confronta sus propios límites, no hay teoría del goteo que valga. Sin reparto de la riqueza y sin responsabilidad colectiva sobre lo común no hay justicia social posible.

3) La entrada en las instituciones debe servir para impulsar y visibilizar aquellas prácticas que están siendo ya desarrolladas desde el propio tejido social y apuntan a un nuevo modelo : iniciativas como la economía social y solidaria, la autosuficiencia y la descentralización energéticas, el software y la cultura libre o proyectos redistributivos como la RBU, etc., deben potenciarse y constituirse como nuevo marco referencia.