Uno de los elementos más nocivos del TPP (Tratado Transpacífico de Cooperación) es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos que anularía el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras.

Este tipo de mecanismos facultan a los “inversionistas” para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio perdidas, debido a litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía.

Esta medida no es gratuita, ante el embate continuo de las empresas trasnacionales y el surgimiento de diversos de movimientos sociales a lo largo de la geografía mexicana que luchan contra el etnocidio, explotación, despojo y marginación, en defensa de la soberanía, el territorio y la sostenibilidad.

No es de extrañar que uno de los sectores que reforzará su blindaje a través de este mecanismo, es el de la minería.

La fiebre minera en México

Las cifras no concuerdan. Entre las diversas instituciones y organismos que emiten datos relativos al ámbito de la minería en México, se cuentan la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, Sistema Integral de Administración Minera, Servicio de Administración Tributaria, Servicio Geológico Mexicano, la Cámara Minera Mexicana, las cuales tendrían que trabajar en coordinación constante.

Aún así, en medio de este baile de cifras y datos que ofrecen las instituciones, son innegables las ganacias que obtiene la industria minera en México.

La producción minera representó un total de 196 mil 967 millones de pesos

Tan sólo en los últimos 10 años, las mineras han extraído cuatro veces más oro que en los tres siglos de colonización española. La minería novohispana extrajo 190 toneladas de oro, pero en los últimos 10 años se han extraído cerca de 775 toneladas del metal áureo, según datos del Anuario Estadístico de Minería que emite la Dirección General de Minería de la Secretaría de Economía.

Diversas organizaciones ecologistas como Greenpeace han denunciado que en México, en la mayoría de las concesiones que otorga el Estado, los estudios de impacto medioambiental se realizan una vez firmados los contratos de explotación, y en la mayoría de los casos no reflejan el impacto real de la actividad extractiva. La sucesión de tragedias medioambientales y muertes a causa de la minería irracional, ponen en evidencia la laxitud de la normativa minera, estructurada para que los empresarios de la minería paguen para contaminar, no para prevenir.

Además de no tener restricciones ambientales suficientes, las mineras despojan a comunidades indígenas y campesinas por medio de la corrupción de sus líderes y autoridades… todo lo que no podrían hacer en su país.

Lo que se llevan y lo que se queda

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Bienes Nacionales rescriben que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes del dominio público de la nación, por lo que al ser de su propiedad, su exploración y explotación se llevará a cabo únicamente por quienes ostenten un título de una asignación o una concesión minera, otorgada en cualquiera de los casos por la Secretaría de Economía, cubriendo un derecho por ello.

La minería novohispana extrajo 190 toneladas de oro, pero en los últimos 10 años se han extraído cerca de 775 toneladas de oro

En México las imposiciones a la minería se rigen por el área concesionada, no por lo que se extrae de ella, es decir, no hay ningún impuesto a la extracción ni por mineral, ni por valor. La normativa vigente que regula la minería exige el irrisorio pago de derechos que asciende de 5.70 a 124.74 pesos semestrales por hectárea, dependiendo la antiguedad de la concesión. Además, se permite a las empresas tener la titularidad de la concesión por 50 años, prorrogable al doble, si éstas lo
solicitan.

El análisis Legislación minera en el derecho comparado. Los casos de Chile, Ecuador, Perú, Guatemala y El Salvador permite observar que México se queda todavía débil en materia recaudatoria, comparado con estos países de América Latina con importante actividad minera.

Los últimos datos del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2012, que emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el periodo de 2007-2012, la recaudación por concepto de derechos de minería apenas representó el 2.2% de las ganancias del sector.

La ASF documenta que la Secretaría de Economía, a través del Sistema Integral de Administración Minera, (SIAM) carece de lineamientos específicos para contabilizar el cobro de derechos de solicitud, así como trámites diversos en torno a las concesiones, asignaciones mineras y adeudos. Por otra parte, instancias como el Sistema de Administración Tributaria, se niegan a transparentar la recaudación por ingresos de las mineras declarando la información como inexistente.

A partir de 2014, entraron en vigor tres nuevos derechos a la minería: el derecho especial del 7.5%, el derecho extraordinario del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino y el derecho adicional sobre minería que señala pagar un 50% más de la cuota estipulada por concesiones no exploradas o no explotadas durante dos años continuos.

De acuerdo con datos de la Cámara Minera Mexicana, en 2014 la producción minera representó un total de 196 mil 967 millones de pesos, de los cuales sólo 38 millones 337 mil pesos fueron deducidos por concepto de derechos de minería, ISR y los nuevos gravámenes.

Neocolonialismo miniero

En 1993, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, se modificó la Ley Minera de México para abrir paso a la explotación extranjera. Desde entonces, los sucesivos gobiernos han concesionado 96 millones de hectáreas para la explotación minera, casi la mitad del país.

La mayoría de los pueblos indígenas viven en las regiones biogeográficas más importantes, donde está la mayor cantidad de riqueza forestal, captadora de agua. Muchas de esas concesiones mineras se asientan a lugares y territorios indígenas. El Observatorio de Conflictos Mineros en México ha documentado 37 conflictos mineros desde 1980 hasta la fecha, mientras que la Comisión para el diálogo con los Pueblos Indígenas en México (CDPIM) ha detectado una lista de 42 pueblos indígenas que resienten la ocupación minera.

En 2011, la ong Earthworks, dedicada a proteger a las comunidades en todo el mundo, del impacto ambiental de la industria minera, lanzó la campaña No dirty gold para informar sobre la destrucción mediambiental que ocasiona la producción energética, así como la explotación de metales como el oro o la plata.

De acuerdo al estudio La Minería en México, un análisis comparado con Canadá, publicado por la CDPIM, 70% del sector minero está en manos de extranjeros. De este 70 por ciento, Canadá acapara el 74% de la explotación minera, seguida de Estados Unidos con un 15%, China con un 3%, Australia con 2%, Japón 2% y otros inversionistas reúnen un 4% (Perú, Chile, Argentina, Brasil, Reino Unido, Luxemburgo, España, Bélgica, India y Corea).

11 nuevos proyectos para la extracción de oro están a la espera

México se encuentra entre los principales productores de plata y en los primeros diez lugares en producción de oro, cobre, fluorita, bismuto, sodio, plomo, molibdeno, diatomita, cadmio, grafito, sal, yeso, manganeso y zinc, entre otros.

Siete de las firmas más grandes que explotan el territorio son canadienses: Goldcorp, Agnico Eagle, Álamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold.

En los próximos años se tienen estimados la puesta en marcha en México de 11 nuevos proyectos para la extracción de oro, así como 10 proyectos para la extracción de plata, y 6 más para cobre, según el informe de 2015 de la Camimex.