Una vez finalizada la instrucción del Caso Nóos y tras las argumentaciones del Juez Castro recogidas en el auto de apertura del juicio oral, así como las posteriores actuaciones de la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los abogados de la defensa del bufete de Roca Junyent, padre de la Constitución (sic) y fundador de CIU, el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción en Catalunya, en una rueda de prensa celebrada este jueves en las instalaciones del Parlament de Catalunya, llama a la acción y presión de la sociedad civil para evitar que la doctrina Botín no se vuelva aplicar y la infanta Cristina tenga que responder ante el juez sentada en el banquillo.
La red activista también reclama a la Generalitat y la Agencia Tributaria de Catalunya que se personen como partes perjudicadas para defender los legítimos intereses de los ciudadanos que representan y evitar así la aplicación de la doctrina Botín.
Botín Vs Borbón
La llamada “doctrina Botín“, a la que se refiere la defensa también en su último recurso, se “inventó” para garantizar la impunidad de los más poderosos. Fue dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2007 estableciendo que “No puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular”, como únicas partes legítimamente perjudicadas.
La sociedad civil catalana, en al menos un 50% de las cuotas delictivas defraudadas, es un perjudicado directo por el presunto delito contra la Hacienda Pública
Desde la organización activista consideran que el bien jurídico protegido en el delito fiscal no le corresponde en exclusiva a una sola instancia administrativa. Por lo tanto, la Agencia Tributaria no tiene el monopolio de la condición de ofendido o perjudicado en los delitos contra la Hacienda Pública, ya que estos atentan contra un bien de titularidad colectiva, compete a la Sociedad Civil en su conjunto, quien es la auténtica perjudicada. Si no fuera así, sería tanto como dejar la persecución real de este delito en manos de la voluntad política de acusar o no por parte del poder ejecutivo de turno, que no solo controla al Ministerio Fiscal sino también a la propia Agencia Tributaria Estatal que lo tendrían tan fácil como no acusar para acabar con el enjuiciamiento del delito.
Como ya ha apuntado la Audiencia Provincial de Palma, existen importantes diferencias entre el asunto “Botín” y el asunto “Borbón”. En este último, el Ministerio Fiscal y la acusación particular sí acusan al Sr. Urdangarín por el mismo delito por el que no se quiere acusar a quien la instrucción ha considerado cooperador necesario del mismo delito, la Infanta, en un absurdo jurídico que llevaría a una fácil defensa por parte de los acusados: simplemente tendrían que trasladar los hechos y su culpabilidad a quien no ha sido acusado. No estamos ante doctrina Botín sino que se quiere crear la doctrina Borbón.
Por qué en Cataluña
Al ser Catalunya el lugar de residencia de los imputados, la Generalitat tiene un interés directo en el producto de la recaudación de tributos como el IRPF, por lo que la sociedad civil catalana, en al menos un 50% de las cuotas delictivas defraudadas, es un perjudicado directo por el presunto delito contra la Hacienda Pública, y como tal, debería ser defendida por sus representantes, evitando así cualquier atisbo de duda sobre la posible aplicación de la “doctrina Botín”.Por lo que la condición de perjudicado no le corresponde en exclusividad a la Agencia Tributaria Estatal. Una cosa es que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas le otorgue la exclusividad en la aplicación (gestión e inspección del IRPF -impuesto objeto del delito-), y otra muy diferente es que los recursos de ese impuesto sean en exclusiva del Estado. No siendo esto así, ya que el 50% de la recaudación de IRPF corresponde a la Comunidad Autónoma donde resida el declarante, en caso de delitos del artículo 305 del Código Penal es claro que existe un perjudicado más: la Comunidad Autónoma que ha sido también defraudada.
Es en este contexto que el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción en Catalunya impulsado por Xnet y que reagrupa personas y grupos activos contra la corrupción en Catalunya (Xnet con el BuzónX; David Fernández diputado de la CUP presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el cas Pujol; 15MpaRato; Café amb Llet; la FAVB; junto con otros expertos ciudadanos y con el apoyo de la Comisión Anticorrupción del Partido X) ha presentado los escritos de petición de personarse como parte perjudiacada ante la presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia Tributaria de Catalunya, la Conselleria d’Economia i Coneixement y la Agencia Tributaria Nacional.
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