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¿Quién está pagando por este proyecto fracasado?

27 de octubre de 2016

Volt III: Juicio popular al Proyecto Castor

La iniciativa, impulsada por la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), plantea visitar grandes infraestructuras energéticas e industrias de Tarragona de grave impacto social, ambiental y financiero. Este año el Volt se centra en la crítica a las empresas transnacionales, actores fundamentales en la responsabilidad por los grandes proyectos inútiles e impuestos a la ciudadanía.


Volt III: Juicio popular al Proyecto Castor
Fabra junto a los ministros Soria y García-Margallo en las instalaciones de CASTOR  

Por tercer año consecutivo, el Volt recorrerá lugares con industrias que suponen una amenaza para los recursos naturales y el medio ambiente, pero que también cuentan con luchas locales por la defensa de la soberanía, el territorio y contra la deuda ilegítima. En esta ocasión, el Volt se realizará del 29 al 31 de octubre y contará con la participación de más de 70 personas, que recorrerán en autocar la provincia de Tarragona, conociendo proyectos de industrias contaminantes y peligrosas, como son la Plataforma de almacenamiento geológico de gas Castor en Vinaròs, el complejo petroquímico de Repsol en Tarragona o la fábrica de Ercros en Flix.

En la parada de la Plataforma Terrestre Castor se llevará a cabo una acción de denuncia y se presentará el Juicio popular -previsto para junio de 2017- como espacio de memoria de la población organizada contra el proyecto, así como de exigencia de responsabilidades a los actores que permitieron y promovieron su realización. Esta megainfraestructura, que provocó más de mil seísmos en las localidades vecinas -como son Alcanar y Vinaròs, entre otras-, es uno de los grandes proyectos del Estado español que, además del grave impacto social y medioambiental que generó y sigue generando, ha dejado una enorme deuda ilegítima a pagar por la ciudadanía.

El proyecto Castor fue otorgado en 2008 a la empresa Escal UGS, participada en un 66,7% por ACS y cuyo presidencia está a manos de Florentino Pérez. La infraestructura se presupuestó inicialmente por 500 millones de euros y finalmente se disparó a casi 1.700 millones de euros, financiados a partir de una emisión de deuda (bonos) de 1.434 millones respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). A finales de 2014 -un año después de los mediáticos terremotos-, la promotora renunció a la concesión de explotación y el Gobierno español aprobó en pocos días un RDL con una indemnización a la empresa por valor de 1.350 millones de euros. De esta manera, en plena etapa de recortes sociales el pago a Escal UGS fue una prioridad para el Gobierno español, el cual se ejecutó con extrema rapidez -al cabo de tan sólo un mes-, a través del crédito solicitado por Enagás, empresa transportista de gas y nueva encargada de las instalaciones, a tres bancos: Bankia, Santander y Caixa Banc.

¿Quién está ahora pagando por este proyecto fracasado y por esta deuda ilegítima?

El Gobierno aprobó en pocos días una indemnización a ACS por 1.350 millones de euros

Nada nuevo bajo el sol: una vez más recae sobre los hombros de la ciudadanía; así, el pago del Castor se está realizando, actualmente, a través de un recargo en las facturas de las personas consumidoras de gas. Éste se empezó a imputar en enero del presente año y está previsto que se mantenga como una hipoteca a 30 años vista, lo que implicaría -según la OCU- un monto que asciende a 4.730 millones por el 4,3% de intereses aplicado. Lo que es más, a esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, que están ahora en hibernación bajo la gestión de la mencionada Enagás, y que también se están aplicando en la factura del gas.

En definitiva, un monto total exorbitante a pagar por una megainfraestructura que se construyó con negligencia, innecesaria -pero que, aún y así, no ha estado ni un solo día operativa-, y que generó el temor entre la población local durante los meses de temblores. Un monto que supera todo el presupuesto en educación de Catalunya por un año y que tiene una relación directa con el 17% de población que sufre pobreza energética en el Estado español por no poder pagar esas mismas facturas infladas con recargos asociados a deudas ilegítimas.

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 De momento, a pesar de que actualmente hay 20 personas que están siendo investigadas en los juzgados de Vinaròs por prevaricación ambiental, y por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, no existen responsables condenados hasta la fecha. El Juicio popular al Castor, por su parte, pretende sentar en el banquillo de los acusados a ACS, al Gobierno español y al Banco Europeo de Inversiones (BEI), como responsables del desastre social y ambiental, así como de la deuda ilegítima generada. También quiere hacer un llamamiento a la solidaridad internacional denunciando los impactos que la misma ACS está provocando en países como Guatemala, con proyectos que reproducen la misma lógica del Castor, y que únicamente resultan en beneficio del poder corporativo y de algunas instituciones, nunca en el de sus poblaciones.

Desde la ciudadanía vamos a apelar para no pagar esta gran tajada del pastel que representa el capital financiero-extractivo. Y este fin de semana, en el Volt3, haremos entrega de una citación a juicio a los que creemos responsables, poniendo en común estrategias para desarmar la deuda ilegítima, y exigir no pagar lo que no debemos.

Blanca Bayas    Observatori del Deute en la Globalització

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