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Financiación ONG

1ro de septiembre de 2015

Sostenimiento económico de las entidades no lucrativas: ¿es este el camino a seguir?

La normativa del IRPF contempla una deducción en cuota por donativos.Esto significa que, con determinados límites, las personas físicas pueden descontar de la cantidad que les corresponde pagar en su impuesto sobre la renta un determinado porcentaje del importe de los donativos que realicen a entidades sin fines lucrativos


Sostenimiento económico de las entidades no lucrativas: ¿es este el camino a seguir?
Alan Cleaver  

Cambios en la Ley 49/2002

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva ley del Impuesto de Sociedades, la cual, en su Disposición final quinta, introduce una serie de modificaciones en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Uno de los cambios efectuados afecta a la regulación de los donativos realizados a este tipo de entidades, y a la deducción a practicar por dicho concepto en la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En este sentido, y como sabemos, la normativa del IRPF contempla una deducción en cuota por donativos. ¿Qué significa esto? Quiere decir que, con determinados límites, las personas físicas pueden descontar de la cantidad que les corresponde pagar en su impuesto sobre la renta un determinado porcentaje del importe de los donativos que realicen a entidades sin fines lucrativos.

El porcentaje de deducción hasta el ejercicio 2014 podía ser de un 10, un 25 o incluso un 30%, dependiendo de si la entidad está acogida al régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002 y de si la actividad que desarrolla está considerada como “actividad prioritaria de mecenazgo”. Dicho en otras palabras, si las entidades receptoras de los donativos cumplen ciertos requisitos que establece la ley, o si la actividad que constituye su objeto está incluida en la relación que se publica anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (programas prioritarios), entonces su régimen fiscal resultará más beneficioso, pagarán menos impuestos y además los donativos que reciban gozarán de un mayor porcentaje de deducción en la cuota del IRPF (en el caso de que los realice una persona física) o en el Impuesto de Sociedades (si el donativo lo realiza una persona jurídica).

Las modificaciones establecidas en la Ley 49/2002 incrementan para el ejercicio 2015 y siguientes los porcentajes de deducción. Esto supone que:

  • 1) en primer lugar, respecto al ejercicio 2015, si una persona realiza un donativo a una entidad acogida al régimen fiscal especial podrá deducirse de los 150 primeros euros un 50%, y del resto un 27,5% (pudiendo llegar a un 32,5 si se cumplen ciertos requisitos). Hasta ahora el porcentaje de deducción era de un 25% (pudiendo incrementarse hasta un 30% para entidades incluidas en programas prioritarios).
  • 2) por otro lado, para el año 2016 y siguientes, los primeros 150 euros gozarán de un 75% de deducción y el resto un 30% (pudiendo llegar a un 35 si se cumplen ciertas condiciones)
  • 3) finalmente, en lo que se refiere a aquellas entidades que no estén incluidas en el régimen especial, el porcentaje de deducción seguirá siendo de un 10%

Conviene puntualizar que este último apartado hace referencia a ’fundaciones legalmente reconocidas que rindan cuentas al órgano de protectorado correspondiente o asociaciones declaradas de utilidad pública”. O lo que es lo mismo, aclaremos que existe también un considerable número de entidades de pequeño tamaño que, obteniendo parte de sus fondos de los donativos puedan recibir, no cumplen los requisitos para disfrutar de estos beneficios mientras que el régimen fiscal que les resulta aplicable es el de “entidades parcialmente exentas” del impuesto de sociedades.

La asignación tributaria

Con el fin de completar este panorama general es preciso recordar que, además de los donativos, el IRPF permite otra vía de financiación a las entidades sin fines lucrativos a través de la “asignación tributaria”, la cual hace referencia a la posibilidad que tiene el contribuyente de este impuesto de indicar en su declaración que un porcentaje (el 0,7%) de la cuota íntegra del IRPF se destine al sostenimiento de la Iglesia Católica y/o el mismo porcentaje a la financiación de actividades de interés general consideradas de interés social.

Son ejes de las actividades de interés general consideradas de interés social los siguientes:

  • a) La atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria.
  • b) La atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral.
  • c) El fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.
  • d) La protección del medio ambiente.
  • e) La cooperación al desarrollo.

En este caso, son las grandes confederaciones existentes dentro de cada uno de los diferentes ejes de intervención las que se encargan de distribuir los fondos. Esas confederaciones ofertan convocatorias de subvenciones, para que las distintas entidades miembros presenten sus proyectos y programas de actuación, y entre las seleccionadas se repartirá la bolsa recaudada marcando la casilla del 0’7%.

Algunos apuntes para el debate

Son varias las reflexiones que se plantean al hilo de estas cuestiones. En primer lugar hay que recordar que el estado español ha venido recortando las dotaciones presupuestarias destinadas a áreas como cooperación o servicios sociales durante los años de crisis. Sin dejar de reconocer la complejidad que encierra esta situación, en la cual intervienen diferentes niveles de administraciones, y que el grado de recortes ha resultado desigual para los diferentes sectores, da la impresión de que además de destinar menos recursos públicos a financiar estas actividades se tiende a que en lugar de ser las administraciones quienes los gestionen, se prefiere que sean las propias entidades quienes se “disputen” esa financiación tratando de captar el mayor número de socios y de donativos posible.

Ahora bien, ¿es esta la mejor forma de asignar los recursos? ¿No sería mejor que fueran las instituciones públicas quienes lo hicieran a través de una convocatoria pública y atendiendo a criterios objetivos? A priori, no estamos cuestionando que las entidades sin fines lucrativos puedan captar donativos y dispongan de sus propias fuentes de ingresos, pero pensamos que hacer recaer las posibilidades de financiación de dichas organizaciones en estos mecanismos coloca en una situación de franca debilidad a aquellas entidades pequeñas o medianas que cuentan con una base social modesta y no tienen medios para competir por esos recursos. La mayoría de estas pequeñas organizaciones a las que nos referimos no pueden, por ejemplo, aspirar a costear una campaña con un personaje famoso que la apoye y atraiga la atención del público.

Sucede que muchas veces estas entidades realizan una labor muy valiosa en el ámbito local y en términos de proximidad. Por otro lado, también en muchas ocasiones sus áreas de intervención no permiten generar fácilmente unos ingresos que las hagan sostenibles, por ir dirigidas a colectivos con pocos recursos o por otros motivos.

Más allá del discurso engañoso que frecuentemente se ha lanzado en cuanto al recurso fácil a las subvenciones y a los fondos públicos, el debate de fondo debería ser muy distinto y hacer referencia a la desigualdad creciente en nuestra sociedad y a los criterios fundamentalmente políticos que se siguen a la hora de asignar esos fondos. Asimismo, deberíamos preguntarnos hasta qué punto el Estado puede inhibirse de ciertas funciones que le son propias.

En un contexto en el cual se tiende a mercantilizar todos los aspectos de la vida, el tercer sector, con toda su amplitud y su complejidad y una de cuyas características es la ausencia de lucro, parece no ser ajeno a esta tendencia. Y sin embargo, las reglas del mercado sencillamente no pueden aplicarse siempre.

Juan Luis del Pozo