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27 de diciembre de 2015

Sistema tributario y conflicto armado en Colombia

A simple vista no parece que la política fiscal pueda estar relacionada con la guerra civil, pero en el caso de Colombia, esta perspectiva tiene un largo recorrido. El país ha sufrido un conflicto armado interno desde hace más de 50 años que ha dejado 7 millones de víctimas


Sistema tributario y conflicto armado en Colombia Una de las causas subyacentes de la guerra es la desigualdad económica. Colombia es el país más desigual de América Latina y el décimo en el mundo [1]. Una de las razones es el fracaso total del sistema fiscal colombiano para reducir la desigualdad. Estando tan cerca de un acuerdo de paz definitivo, es necesario abordar la relación entre los impuestos y la paz desde otra perspectiva.

Por un lado nos encontramos con un sistema fiscal muy regresivo donde las transferencias monetarias y en especial las pensiones benefician a las clases medias y altas en lugar de a los más pobres. Además, con los altos impuestos indirectos que tenemos, los más pobres son los que sufren más carga impositiva mientras que las ganancias sobre el capital están en gran parte exentas de impuestos.

Por el otro nos encontramos con la política de gastos a través de la cual el Estado debería garantizar los servicios públicos necesarios y sobre todo garantizar los derechos constitucionales de sus ciudadanos, especialmente las mujeres y comunidades rurales, indígenas y afro marginadas. Pero para la construcción de paz también se necesitan “gastos”. Un informe de este año del Bank of América y Merrill Lynch [2] estimó estos costes entre el 1,1 y el 3,8% del PIB [3].

Aunque el Estado debería pagar muchos de esos “costes” asociados a la construcción de paz de todas maneras, existe un gran debate público que quizá no sea más que una cortina de humo para evitar que se oiga que con paz o sin paz los ingresos fiscales de los sectores más acomodados de la sociedad tienen que aumentar.

Los costos asociados con la paz incluyen, por ejemplo, la creación de autoridades civiles en las zonas rurales, la prestación de servicios básicos y seguridad a la población y el proceso de restitución de tierras para que las víctimas del conflicto puedan volver a los lugares de los que han huido.

Un costo incremental adicional, aunque no elevado, de construcción de la paz es el de la desmovilización y la integración de los ex insurgentes. Por ejemplo, la desmovilización de 12.000 combatientes [4], costaría alrededor de US $ 156 millones durante seis años, que es relativamente insignificante en comparación con una estimación del coste total de la paz, de entre US $ 5.300 millones y US $ 18.000 millones en 10 años. Estos costes relativamente insignificantes para la desmovilización y la reintegración de los ex combatientes de la guerrilla deberían asumirse con parte de los enormes costes de mantenimiento de la policía y la fuerza militar, unas 500.000 personas. Por lo menos a medio y largo plazo, estos costes podrían reducirse considerablemente.

Hablar de fiscalidad también tiene su relevancia al hablar de paz en cuanto a que para garantizar una paz sostenible y una sociedad con menos violencia es imprescindible reducir la desigualdad. Este tema que parece novedoso ya se consiguió en Guatemala donde el acuerdo de paz incluía una reforma fiscal hacia la progresividad del sistema, reforma que lamentablemente nunca se implementó, uno de los motivos por los que quizá el país sigue enfrentándose a niveles extremos de violencia.

Redistribución para una paz positiva

La literatura académica sobre la paz distingue entre paz negativa y paz positiva. Paz negativa es simplemente la ausencia de violencia, mientras que la paz positiva se refiere a la capacidad de una sociedad de cumplir con los derechos de sus todos los ciudadanos y reducir las quejas y resolver los desacuerdos restantes sin el uso de la violencia.

Una distribución equitativa de los recursos es esencial para la paz positiva, porque el cumplimiento de los derechos de toda la ciudadanía es evidentemente más fácil en una sociedad con una distribución equitativa de los recursos.

Del mismo modo, las quejas se reducen en una sociedad con una distribución equitativa de los recursos. No es casualidad que América Latina y el Caribe es a la vez la región más violenta y la más desigual del mundo.

Para hacer frente a la concentración de riqueza y habilitar la región para que pueda financiar su desarrollo integral, desde la Red de Justicia Fiscal de Colombia, con apoyo de InspirAction, se plantean opciones para redistribuir los recursos a través del sistema fiscal:

La estructura tributaria debe basarse en el principio de progresividad, confiando más en impuestos directos y menos en los impuestos indirectos, que afectan a los más pobres. Los impuestos directos también deben hacer frente a la alta concentración de la riqueza, con los impuestos de los activos (terrenos, bienes inmuebles) y las ganancias de capital. Gravar a los ricos adecuadamente sería, con mucho, la mejor y la más eficaz forma de aumentar los ingresos fiscales.

El Gobierno debería publicar todas las exenciones fiscales y empezar a trabajar hacia la eliminación de las exenciones e incentivos discrecionales. Las numerosas exenciones fiscales que benefician al sector empresarial, en particular, el sector financiero y las industrias extractivas deben ser canceladas. Estos sectores son altamente rentables en Colombia, incluso sin incentivos fiscales.

Se deben tomar medidas concretas para hacer el sistema más transparente y capaz de prevenir la evasión fiscal incluyendo los paraísos fiscales. Los impuestos indirectos, que son regresivos por naturaleza, son una fuente muy importante de ingresos fiscales en Colombia, como en otros países de América Latina y el Caribe, deben ajustarse de modo que los artículos de lujo sean gravados más pesadamente mientras que los artículos básicos para el hogar se graven menos. Además, el aumento de la cooperación regional es necesario trabajar hacia la armonización fiscal y luchar contra la competencia fiscal a la baja.

A nivel global, se necesita una mayor cooperación para hacer frente a la evasión fiscal transfronteriza a través del intercambio automático de información tributaria.

[1] Pobreza Monetaria y Multidimensional 2013, DANE (2014)

[2] Análisis de los costos y beneficios del acuerdo por el proceso de paz en Colombia, Francisco Rodríguez, Economista Sénior de la Región Andina, Bank of América Merrill Lynch Global Research.

[3] Cuánto cuesta, cómo se paga y qué se puede ganar con una eventual paz en Colombia, BBC, Julio 20, 2015

[4] Las FARC tienen alrededor de 7.500 a 9.000 combatientes y el ELN algunos miles de personas, según la mayoría de las estimaciones.

*Thomas Mortensen es coordinador de InspirAction en Colombia

Thomas Mortensen*    Inspiraction