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Plataforma por la Justicia Fiscal

13 de diciembre de 2016

No es cuestión de recortes sino de recaudar más y mejor

El presidente Roosevelt de EEUU realizó una política fiscal que fue una gran redistribución de la riqueza. El tipo máximo impositivo sobre la renta subió en 1932 del 25% hasta el 63% en su primer mandato, para hacer frente a la recesión económica, y en el segundo mandato aumentó al 79%. Durante la II Guerra Mundial el tipo máximo impositivo llegó al 94% como contribución al presupuesto para ganar la guerra, pero luego se rebajó aunque se mantuvo siempre por encima del 63%.


No es cuestión de recortes sino de recaudar más y mejor
Pero toda esa fiscalidad solidaria y progresiva se acabó cuando Ronald Reagan fue elegido Presidente de EEUU en 1981. Reagan se dedicó a rebajar escandalosamene los impuestos a quienes más ganaban y atesoraban. La pretendida razón argüida era que el dinero ahorrado de impuestos era invertido por los ricos en la economía productiva y se creaban empleos. Nada más lejos de la realidad. Un periódico tan poco sospechoso de izquierdismo como The Wall Street Journal, desmintió ese mito en tiempos de Bush hijo, quien siguió los pasos de Reagan en bajar impuestos a los ricos. El diario económico publicó que el enorme ahorro que supuso para las rentas superiores la gran rebaja de impuestos a los ricos de Bush “condujo al peor período de creación de empleo en la historia reciente del país”.

Los ricos pagan muchos menos impuestos

Analizando la política fiscal de Roosevelt para redistribuir la riqueza, el economista Daniel Raventós asegura que los peligros y riesgos que hoy se esgrimen contra una política fiscal contundente con los ricos son majaderías. Una política de redistribución real de la renta propiciaría una notable expansión económica y alto volumen de empleo, como la propició desde los años cuarenta hasta los ochenta del siglo XX.

Hoy estamos muy lejos de aquella situación fiscal mucho más justa, porque el tipo impositivo medio estadounidense (como punto de referencia) es un 35% y la desigualdad fiscal actual es tan escandalosa que el multimillonario Warren Buffet, propietario de fondos de inversión y uno de los hombres más ricos del mundo, ha denunciado que él apenas paga un 18% de sus beneficios cuando sus empleados pagan mucho más. Y no solo en EEUU, por supuesto.

En el Reino de España sucede algo similar en regresión fiscal. En 1978, Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda de UCD, reagrupó varios impuestos de rentas para hacer un impuesto único, el IRPF. UCD era un partido de centro-derecha, pero aquel IRPF que aprobó es el impuesto más progresivo de la historia de España. Había 27 tramos de declaración, el tipo mínimo era el 15% y el máximo el 65%. Luego, la contrarreforma contra esa progresividad del IRPF la perpetró el gobierno de Felipe González en 1991: los tramos de la declaración se redujeron a 18, el tipo más bajo aumentó al 20% y el más alto se redujo al 53%.

Cambiar algo para que todo siga igual

En nuestros días, en el Reino de España y simulando ordenar los impuestos, el Partido Popular perpetró en 2015 una reforma fiscal que nada tiene que ver, ni de lejos, con la fiscalidad solidaria de Franklin Roosevelt. Solo hay 5 tramos de declaración, el tipo mínimo es 19,50% para quienes ganen menos de 12.450 euros anuales y el máximo 46% para ingresos superiores a 60.000 euros anuales. Y el mismo tipo para quienes ganen 70.000, 80.000. 100.000, 300.000... No olvidemos que cuanta menor progresividad, mayor injusticia fiscal y menos distribución de la riqueza.

La reforma fiscal del Partido Popular es fiel al principio formulado en la novela El Gatopardo que propone cambiar algo para que todo siga igual. La del PP es una contrarreforma que favorece a los que más tienen y más ganan, maquillada con un pequeño ahorro de algunos contribuyentes, pues solo a una parte minoritaria de declarantes del IRPF le devolverán algunos euros. Mientras casi nueve millones de asalariados, que cobran de 12.000 a 30.000 euros anuales, pagan la rebaja fiscal que el gobierno del Partido Popular brinda a las grandes empresas y grandes fortunas. Según un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), un tercio de contribuyentes no nota ni notará la rebaja fiscal que pregona el gobierno de Rajoy.

Porque está comprobado que la reforma fiscal del Partido Popular es regresiva, injusta y, por supuesto, insuficiente. Pero la ciudadanía necesita todo lo contrario para ver satisfechos sus derechos: una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Una fiscalidad que cobre impuestos según los ingresos y la riqueza de cada cual. Una fiscalidad que recaude para cumplir los derechos y satisfacer las necesidades de la ciudadanía y no al revés, con recortes del gasto porque lo recaudado no alcanza y el límite de déficit público rebaja gastos. Y no alcanza la recaudación fiscal porque quienes más ganan y tienen no pagan lo que deberían.

Que el capital pague tanto como el trabajo

Este país necesita con urgencia una vigilancia operativa de las empresas españolas con negocios en paraísos fiscales, pues por ahí se escaquean impuestos que no se pagan ni hay intención de pagar. También es preciso aumentar el impuesto de sociedades, eliminando subvenciones y descuentos. Como urge recuperar impuestos progresivos y justos sobre el patrimonio, herencia, donaciones y similares. Además de dotar a la Agencia Tributaria de más personal y medios para luchar contra el fraude fiscal. Al tiempo que se elimina la elusión fiscal: impago legal de impuestos, transferencia de beneficios a otras jurisdicciones y trampas semejantes. También es necesario abolir el régimen fiscal especial de los deportistas que ganan mucho y se benefician de un tipo marginal del 24%. Y otras supresiones de privilegios similares.

"Este país pierde anualmente unos 90.000 millones de euros por impuestos evadidos"


Pero, sobre todo, hay que empezar a igualar los impuestos sobre las rentas del capital con los de rendimientos del trabajo. Sobre la ventaja otorgada a las rentas de capital sobre las de trabajo, recordemos como botón de muestra que en España hay más de 3.300 sociedades de inversión de capital variable (SICAV) que manejan más de 27.000 millones de euros, pero solo tributan un ridículo 1% con asesores para apenas pagar después por los beneficios obtenidos si no se reinvierten. ¿Cuánto se podría recaudar si a las SICAV y sus rentas se les aplicarán tipos justos y progresivos? Y, ya puestos a reivindicar que las rentas de capital paguen tanto como las de trabajo, ¿cuánto se recaudaría si hubiera un impuesto sobre las transacciones financieras, en teoría aceptado, pero nunca aplicado?

El fruto envenenado del panorama fiscal expuesto es que este país pierde anualmente unos 90.000 millones de euros por impuestos evadidos, trampeados y eludidos. El panorama sería otro con 90.000 millones más de recaudación fiscal. Y menos gente lo pasaría mal y muy mal, como ocurre ahora.

Austeridad no, más gasto social

Ante la cercana aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad (formada por más de mil organizaciones cívicas, ONG,sindicatos, movimientos sociales, organizaciones ecologistas, religiosas...) ha publicado un comunicado en el que recuerda al gobierno que la prioridad de los presupuestos ha de ser respetar y cumplir los derechos económicos y sociales de todas las personas, de modo especial de quienes viven en riesgo de pobreza y exclusión. Por eso, la Alianza rechaza los recortes anunciados para cumplir con el objetivo de déficit por sus muy negativas consecuencias para las personas más vulnerables, cuyo número no cesa de aumentar.

A todo esto, el debate de los presupuestos generales del Estado para 2017 se da mientras sigue la imposición de austeridad y la deuda pública se dispara, deuda generada por los multimillonarios rescates bancarios, las obras públicas inútiles y la corrupción, mientras la recaudación fiscal es insuficiente porque no se quiere molestar a ricos ni grandes empresas.

A la cola en gasto social y líder de desigualdad

"El Partido Popular tiene dos caminos: continuar con los recortes o hacer una verdadera reforma fiscal, justa, progresiva y suficiente"

Y a quienes afirmen la sagrada necesidad de cumplir con el límite de déficit público que impone la Unión Europea cabe recordar que España es el país con menor gasto público social por habitante; de hecho el más bajo de la Unión Europea de los 15. Un informe de la OCDE destaca que en España la desigualdad aumenta, crece el número de trabajadores pobres y la redistribución de riqueza está estancada o retrocede desde hace seis años. Y ya hay más de trece millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador Arope.

Porque, pese a la pretendida recuperación económica de la que alardea el Gobierno del PP, los datos confirman que España continúa en crisis. Los salarios bajan sin cesar, pero crecen los beneficios de las empresas, mientras los más desfavorecidos sufren cada vez más las secuelas del desequilibrio económico.

Sin embargo la burocracia de la Unión Europea, inasequible al desaliento, exige a España restar 5.500 millones de euros de los presupuestos del Estado para rebajar el déficit al 3,1% en 2017. Y el gobierno del Partido Popular tiene dos caminos: continuar con los recortes o hacer una verdadera reforma fiscal, justa, progresiva y suficiente. Una nueva fiscalidad que permita recaudar lo necesario para recuperar y mantener el estado de bienestar, que la economía funcione mejor y beneficie a la mayoría ciudadana. Porque, además de vulnerar los derechos de la gente, los recortes reducen la demanda y debilitan la economía.

Xavier Caño Tamayo    ATTAC

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