La crisis empezó a manifestarse en el pasado otoño con la quiebra de cuatro pequeños bancos regionales. Con la aplicación parcial de la directiva europea BRRD -Banking Restructuration and Resolution European Directive / Directiva Europea de Reestructuración y Resolución Bancaria- (lo que se llama "bail-in") los accionistas y los inversores han tenido que soportar importantes pérdidas. Y entre estos inversores hay muchos pequeños ahorradores de las clases populares, sin conocimientos específicos en este tipo de instrumentos financieros, que han protestado por estas medidas, y uno de ellos llegó a suicidarse.

La directiva del BRRD permite salvar los bancos siempre que lo asuman los propietarios (accionistas) y los inversores (los que compraron obligaciones de la banca) y, en casos extremos, incluso los que hayan depositado en la banca grandes cantidades de dinero (en principio existe un seguro hasta los 100 mil euros pero todo depende de la gravedad de la situación). Algo que complica el caso italiano es que se calcula que unos 200 billones de euros de obligaciones de los bancos están en manos de pequeños ahorradores y no de grandes bancos internacionales o de fondos buitres.

Además, los cambios en la economía mundial han comenzado a afectar más a los bancos italianos que a sus competidores. Ya pasó a principios de año con los problemas de la economía china y ha vuelto a pasar después del referéndum británico. En el interior del país, tanto el gobierno, como la Banca de Italia como la asociación bancaria serían partidarios de suspender la aplicación del BRRD y de utilizar fondos públicos para salvar a los bancos. Pero la Unión Europea, y especialmente Alemania, se oponen.

Los problemas de la banca italiana vienen de lejos y en parte, seguramente importante, son de origen italiano: dirigentes anticuados, colusión con la política, demasiadas filiales y demasiados trabajadores para su dimensión, demasiados bancos pequeños y poco eficientes. Pero el problema más importante y de más largo plazo es que las instituciones financieras italianas tienen demasiados NPLs (Non Performing Loans), es decir demasiado créditos deteriorados (tóxicos) que afectan a los balances de los bancos y hacen difícil que puedan dar nuevos préstamos.

Estos créditos tóxicos son, en gran parte, producto de la crisis -que ha hecho bajar, de manera dramática, el PIB y el PIB per cápita italianos- la que ha hecho que algunos deudores sean incapaces de devolver los intereses y el principal de los créditos recibidos. Pero también son fruto de la mala gestión bancaria que supuso que se dieran créditos (a amigos, familiares, aliados políticos, etc.) que nunca deberían haberse dado desde una gestión financiera estricta y racional. Además una parte importante del total de estos créditos tóxicos está en manos de un número relativamente reducido de deudores y se calcula que alrededor del 18% (unos 360 billones de euros) de los créditos dados por los bancos italianos es muy difícil que puedan ser devueltos.

"Otra amenaza financiera, potencialmente más peligrosa que el referéndum británico, afecta a Europa ya que los bancos italianos están a un paso de una crisis financiera"

Esta importante cantidad de NPLs bloquea la capacidad de la banca de hacer nuevos préstamos, lo que tiene graves consecuencias negativas para la actividad económica y hace temer por la solidez de los bancos más débiles y más expuestos a estos problemas. Para intentar solucionarlo sólo parece haber dos soluciones (sobre todo teniendo en cuenta que el fondo GACS -público- y el fondo Atlante -básicamente privado- para rescatar a los bancos -capital o activos tóxicos- parece que no han acabado de cuajar y no han sido capaces de restaurar la confianza en el sistema bancario italiano): o bien se aumenta el capital / patrimonio de los bancos, o bien se disminuye la cantidad de NPLs.

El gobierno italiano (así como la asociación de la banca, la asociación empresarial Confindustria, la Banca de Italia) quisiera hacer las dos cosas pero utilizando dinero público. Aún más teniendo en cuenta que así se hizo con la propia banca alemana al principio de la crisis o con la banca irlandesa y española posteriormente. La cuestión es cómo hacerlo teniendo en cuenta la existencia de la directiva BRRD que fue aprobada por Italia en 2013.

Sin embargo, si fuera posible convencer a los alemanes de no aplicar estrictamente la directiva mencionada continuarían existiendo algunos problemas: cómo se calcula el capital que necesitan los bancos, es decir cómo se calcula el valor de los créditos tóxicos que no se recuperarán (que algunos estiman en 40 billones de euros); y de donde saldrán los recursos necesarios para hacer frente a la recapitalización de los bancos con problemas. De momento la Comisión Europea ha permitido que, durante seis meses, los bancos italianos emitan deuda pública a corto plazo con garantías públicas, por valor de 150 billones de euros, para poder hacer frente a las necesidades de liquidez de los bancos italianos.

Sin embargo, tal como ha señalado el profesor Alberto Bagnai, estamos ante un problema sistémico. El European Banking Authority (EBA) señalaba, ya a mediados de 2015, que la Unión Bancaria suponía un doble incentivo para colocar títulos subordinados a inversores no profesionales. Por un lado, estos títulos pueden ser utilizados para el "bail-in" y, por tanto, entran en los requisitos de capitalización de la banca establecidos en la BRRD, es decir, los bancos pueden aumentar su capital pidiendo recursos a los propios clientes, los cuales deberían ser advertidos de que estos recursos después podrán ser utilizados para rescatar a los bancos, algo que muy a menudo no se ha hecho. Por otra parte, la política del "Quantitative Easing" (QE) del BCE ha incitado a los ahorradores a adquirir títulos más remunerativos como estos, que suponían erróneamente que eran seguros ya que los que se los vendían no les informaban de los riesgos y porque desde hacía muchos años los ahorradores no habían perdido dinero invirtiendo en operadores que habían sido vigilados y tutelados como los bancos.

La Comisión Europea ha permitido que los bancos italianos emitan deuda pública con garantías públicas

Pero, los bajos tipos de interés que ha propiciado el euro -que teóricamente se hacía para relanzar la economía europea pero de hecho era la forma de mantener unida la zona euro- han incentivado a los empresarios a endeudarse demasiado y han llevado a los ahorradores a asumir riesgos excesivos (como ha señalado la EBA). Ha habido, pues, unos riesgos sistémicos, que ya apuntaba la EBA, de los que los ahorradores e inversores no profesionales no han sido informados debidamente y adecuadamente.

En definitiva, la unión bancaria europea no ha sido capaz de hacer salir a Italia de la crisis financiera en la que parece hundirse. Tenemos un nuevo ejemplo de los problemas de la zona euro: los conflictos entre las reglas que se imponen desde Bruselas y las necesidades y exigencias de las políticas nacionales; es decir el problema de la soberanía nacional y, por tanto, de la democracia.

Al mismo tiempo, también es la manifestación de un conflicto entre los acreedores (Alemania) y los deudores (Italia). Y aquí hay que tener en cuenta las circunstancias políticas de ambos países: Matteo Renzi se juega muchas cosas en el referéndum sobre la reforma constitucional de este otoño y Angela Merkel debe afrontar unas elecciones legislativas el próximo año. En este contexto, habrá que ver si se mantiene la intransigencia alemana de utilizar fondos públicos o si se llega a algún tipo de acuerdo que permita superar la grave situación del sistema financiero italiano.