Cuando llega el momento de plantearse la vivienda, quienes estamos intentando un modelo de vida más coherente, menos agresivo para el medioambiente y que no persista en los errores del modelo capitalista, nos encontramos con un grave escollo. Si no somos suficientemente valientes como para optar por la okupación, o si por el momento vital necesitamos una opción más estable, menos arriesgada, pudiera parecer que solo nos quedan otras dos opciones. Tendremos que escoger entre el alquiler, que enriquece a quienes viven de rentas; o la propiedad privada, que nos endeuda y aprisiona con los bancos.
Sin embargo, existe una tercera fórmula, poco conocida en el Estado Español, pero que resulta mucho más coherente: el derecho de uso. Las personas socias (usuarias) pagan un alquiler no lucrativo a la cooperativa para poder usar indefinidamente la vivienda, pero no son propietarias. La propiedad es colectiva (o bien estatal, o bien de una cooperativa).
Una opción con largo recorrido histórico
Iniciativas de este tipo existen en varios puntos del planeta. En Europa, además de en las experiencias comunitarias de carácter religioso, podemos rastrear antecedentes en el pensamiento de los socialistas utópicos. Los falansterios, del francés Charles Fourier (1772-1837) pudieron servir de inspiración, así como los experimentos comunitarios del británico Robert Owen (1771-1858).
A principios del S. XX, el urbanista británico Ebenezer Howard (1850-1928) recopila sus investigaciones sobre diseño de ciudades en su libro Ciudades Jardín del mañana. En él, desarrolla el concepto de “ciudad-jardín”, destinada a población obrera, que compartiría un espacio comunitario central, muchos espacios verdes. Además, se establecía una aportación mensual que se reinvertía en la propia comunidad. Algunos ejemplos de ciudad-jardín pueden verse hoy día en Inglaterra, como Letchworth y Welwyn y en EE. UU., Radburn. Si bien es cierto que han recibido críticas por haberse asemejado a ciudades dormitorio, en sus orígenes está el germen de muchas ideas propias de la cesión de uso.
El derecho de uso en la legislación, solamente lo tienen Euskadi, Cataluña y Andalucía
La ola de derecho de uso actual podemos datarla en los años 70-80. En ese momento, en Alemania, en Berlín-Kreuzberg, se llevaron a cabo más de doscientos proyectos de casas y muchos todavía existen. Muchos empezaron como ocupaciones, pero fueron legalizados en forma de cooperativas o asociaciones de inquilinos .
También es en esta época cuando en los países escandinavos comienza el Modelo Andel. Este último es una solución muy aceptada en muchas ciudades. De hecho, en Dinamarca proporciona acceso a la vivienda a un tercio de la población. El secreto quizá estriba en que, además de ser una forma de vivir muy apetecible, las autoridades ceden el suelo, con lo que el alquiler resulta bastante ajustado .
Ese es quizás uno de los escollos más grandes que debe saltar este tipo de organización de la vivienda en el Estado Español. Actualmente, no se contempla la cesión de suelo público, salvo en muy contados casos. Se tiene noticia de alguna iniciativa inconclusa en Euskadi, y dos cesiones en el Ayuntamiento de Barcelona. Ni siquiera está recogido el derecho de uso en la legislación, salvando los casos de Euskadi, Cataluña y Andalucía, según señala la entidad pionera en el tema Sostres Civic
Existe suelo público disponible que podría ser destinado a este tipo de iniciativas, pero la cultura del ladrillo ha impedido que haya compromiso político en esta dirección. Por eso, la mayoría de las iniciativas que están ejerciendo de vanguardia en el Estado Español son Cooperativas de derecho de Uso de promoción privada, es decir, que la propiedad es de la cooperativa y el derecho de uso de cada inquilina o inquilino. La necesidad de tener que afrontar la compra del suelo ha provocado que los colectivos pioneros sean sobre todo de personas mayores que disfrutan de la última etapa de su vida en colectivo y ya tienen cierto capital acumulado (Los Milagros en Málaga o Trabensol en Madrid), en zonas rurales (La Masia de Cal cases en Santa María d’Oló) o de personas con ciertos ahorros. Aún así, en el modelo de cesión de uso de promoción privada se sigue evitando el acaparamiento de riquezas y la fuerza de lo colectivo cobra más sentido, pues se afronta de forma asociada la hipoteca con el banco. El colectivo permite ser más libres, tener mayor capacidad de negociación con el banco. Y, una vez amortizado el crédito, el ahorro que se genere no servirá para lucrar a nadie, sino que se puede reinvertir en aquellos proyectos sociales o ambientales que la asamblea decida. Si bien el modelo de promoción privada no rompe del todo con el principio de ser accesible para cualquier persona, sirve para empezar a cambiar el imaginario colectivo y salvar la pasividad (en el mejor de los casos) institucional, empujando para que sea algo común en nuestro entorno.
Recientemente el ayuntamiento de Madrid ha reconocido a la primera cooperativa de cesión de uso de la ciudad aprobando sus estatutos: la Cooperativa de Vivienda Entrepatios, una iniciativa que lleva varios años fraguándose y ahora está en proceso de completar viviendas para un proyecto concreto en la ciudad.
Sería muy deseable que las iniciativas municipalistas que han llegado a instancias de poder tomaran nota de esta reivindicación como una posible vía de salida para solucionar el acceso a una vivienda digna que debieran garantizar los poderes públicos, según reza la Constitución. La cesión de suelo público o la mediación para que se cedan suelos o edificios privados en desuso podría ser la clave de una nueva forma de gestionar la vivienda, más acorde con la justicia social y ambiental.
La experiencia exitosa de Uruguay
Existe suelo público disponible que podría ser destinado a este tipo de iniciativas
De hecho, las experiencias más exitosas de este tipo, que ofrecen viviendas a la clase trabajadora, se agrupan en la FUCVAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, nacida en 1966, que agrupa a más de quinientas cooperativas de vivienda (unas 90.000 personas), basadas en la solidaridad y la autogestión y la propiedad colectiva, que ofrece seguridad a las familias y frena la especulación. En ellas, el precio no es un impedimento para acceder a la vivienda. Es uno de los pilares del movimiento popular uruguayo. Desde 2001, además, han comenzado un proyecto de Cooperación Sur-Sur, apoyado, entre otros, por el propio gobierno, para expandir el modelo, adaptándolo a las realidades locales, a otros quince países de América Latina. Se establecen federaciones y redes nacionales y se apoyan desde la FUCVAM esfuerzos locales para incidir en las políticas públicas. Interés en este proyecto también han demostrado organizaciones africanas.
Aunque cada uno de los proyectos particulares tiene sus características específicas (tanto los de promoción pública como privada) además de compartir el principio del derecho de uso, suelen compartir modelos de autogestión, participación democrática, mayor relevancia de los espacios comunes, adaptación de la vivienda a las necesidades de sus habitantes y últimamente cada vez con más fuerza, en estas cooperativas la conciencia ecológica suele ser muy alta. Los nuevos proyectos, y muchos de los antiguos, contemplan autosuficiencia energética, en la medida de lo posible. Reciclaje de agua, compostadores comunitarios, edificios de bajo impacto... Instalaciones compartidas: ¿por qué tener cada quien una lavadora, si podemos compartir lavandería? Y, lo que es más importante, ¿por qué tener únicamente sueños individuales, si podemos además soñar en común?
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