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Primera Ley de Cooperativas española

14 de abril de 2015

II República, germen del cooperativismo regulado

“La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de tranajo y el salario mínimo familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación; la relación cojurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores” (artículo 46 de la Constitución de la República Española)


II República, germen del cooperativismo regulado Las primeras cooperativas en España datan de mediados del siglo XIX y surgen ligadas a la aparición de las mutualidades obreras. La corriente mutualista marcó el cooperativismo en el país hasta la llegada de la dictadura militar franquista y, aunque ya en 1927 se plantea un anteproyecto de ley que regule esta forma de economía solidaria, las intenciones regulatorias no adquirirán rango y protección legal hasta la proclamación en 1931 de la II República.

La primera Ley de Cooperativas Española fue promulgada el 9 de septiembre de 1931 y es considerada una descendiente directa de los estudios realizados en 1925 desde el Instituto de Reformas Sociales y de los Principios Cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional. La rapidez del primer gobierno republicano en el desarrollo de la regulación del espectro cooperativo y la protección expresa que aparece recogida en los artículos 46 y 47 de la constitución republicana responden al patrón internacional de la época, si bien tienen en cuenta que la economía española de 1931 estaba marcada por los problemas propios de una economía atrasada y una democracia recién instaurada.

Durante los años de paz se crearon 536 cooperativas

Más de un 40% de la población activa en la II República se dedicaba a la agricultura y el Producto Interior Bruto del país, que no vivió una revolución industrial, venían marcados por la producción agraria y, en definitiva, por la calidad de las cosechas. Las reformas acometidas durante el primer bienio republicano tuvieron como objetivo corregir la desigual distribución de la renta entre la población, a pesar de que su cumplimiento por parte de los empresarios no obtuvo el resultado esperado. Esta regulación perseguía el objetivo de solventar problemas estructurales que afectaban a determinados grupos sociales, como el paro o la dificultad para acceder a servicios básicos.

En este contexto nace el texto de la Ley de Cooperativas, que en opinión de diversos historiadores no alcanzó los objetivos sociales propuestos, pero que introducía protecciones novedosas y significativas y fue capaz de generar durante los años de paz un total de 536 cooperativas. Dato importante si tenemos en cuenta que en 1910 existían en España sólo 589. Entre las medidas que esta nueva legislación contempla destacan:

- La ampliación del marco de actuación de las cooperativas y su reconocimiento legal, donde estaban incluidas las cooperativas farmacéuticas -actualmente no están contempladas- y las uniones de cooperativas

- La preferencia de las cooperativas de trabajadores en la contratación pública, disponiendo para estas organizaciones un acceso preferente donde, por ejemplo, se les reducía la cuantía de las fianzas a depositar a la hora de concurrir a concurso público

- Diferenciación entre cooperativas protegidas y cooperativas especialmente protegidas. A las cooperativas populares, formadas expresamente para mejorar las condiciones económicas y sociales de las personas obreras y/o con menos recursos, se les favorecía mediante exenciones, excepciones, facultades y beneficios fiscales

- Creación de instituciones que fomentasen la difusión y la enseñanza del cooperativismo, como el Fondo para la difusión y la enseñanza de la cooperación – dependiente del Ministerio de Trabajo- y la creación de cooperativas escolares, asociaciones estudiantiles que pretendían formar a los estudiantes en la práctica y organización cooperativa.

Durante los años de guerra, el movimiento cooperativista creció de la mano de la tendencia obrero-socialista, por las ramas ugetista y libertaria. Esta circunstancia fue aprovechada más tarde por el régimen franquista, que señalaría ideológicamente esta práctica propia de la economía social y que sirvió como excusa para bloquear su crecimiento.

Tras el golpe de estado militar y la posterior guerra civil, en el bando republicano se acentúan los problemas sociales y económicos y el cooperativimo cobra fuerza, también por razones culturales, en aquellos territorios que aún no han sido tomados. Es entonces cuando comienza un veloz proceso autogestionario que alcanzó a colectivizar el 54% de la superficie agraria útil, según datos del Instituto de Reforma Agraria. Se estima también que alrededor de tres millones de personas vivían en régimen de autogestión.

Aquellos que participaron en este proceso de colectivización se organizaban en torno a una asamblea, que determinaba la organización básica de la cooperativa y la forma en que se distribuian los beneficios y los excedentes agrarios. Los socios podían entrar y salir de libremente del grupo, recuperando a su salida la totalidad de sus aportaciones. Un modelo similar al que se utiliza en la actualidad.

La vida jurídica de la Ley de Cooperativas española perdió su fuerza con el avance del ejército sublevado y la Ley de cooperativas Nacional de 1938, que fue sustituida en 1942 por la Nueva Ley de Cooperación y más tarde, en 1974, por la Ley General de Cooperativas, hasta volver a ser introducida en la actual constitución con la vuelta de la democracia.

Ana Encinas    El salmón contracorriente

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