La auditoría ciudadana del sector energético es la solución propuesta por diversos colectivos para encarar “el problema detectado de opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos” por parte del estado a las eléctricas. El informe presentado esta mañana sienta nuevas bases para el debate y analiza los pagos realizados al sector eléctrico desde 1998, cuando se marcó el inicio de la liberalización de este tipo de servicios ciudadanos. El texto tiene como objetivo analizar si estos pagos “responden a los intereses de la ciudadanía o, por el contrario, dañan o ponen en riesgo sus derechos fundamentales”. Para ello, el estudio se ha articulado en tres partes: atendiendo a la economía real – componentes de la tarifa eléctrica-, la economía financiera -subasta y apartados financieros del déficit de la tarifa eléctrica- y en la economía real-real -flujos de energía y materiales, tierra y trabajo humano-.

De acuerdo con los resultados de este análisis de legitimidad, entre 66.097 y 76.680 millones de euros podrían considerarse pagados ilegítimamente entre 1998 y 2013 por “no responder a los intereses de la población”. "Debemos diferenciar entre legalidad y legitimidad, ya que no siempre coinciden", explicó Pablo Cotarelo, del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG). Considerando la actualización del valor del dinero en 2013, el resultado se hallaría entre los 91.700 y los 103.899 millones de euros.

A lo largo de la rueda de prensa ha estado presente otro tipo de deuda más allá de la económica: la deuda ecológica. "La deuda contraída con el planeta y la sociedad es inconmensurable debido al continuo desgaste de nuestra biosfera", matizó Cotarelo. Por su parte, Cote Romero, portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, arremetió contra un modelo de "despilfarro en nuestras construcciones, en la movilidad de las personas o las mercancías, incompatible con el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad del modelo energético actual", y añadió "es incomprensible, por ejemplo, que hoy en día se siga subvencionado el carbón".

Es el propio Estado quien reconoce los costes y las deudas que la sociedad pagará, fundamentalmente, a través de la tarifa eléctrica. El análisis trata de determinar qué parte de estos pagos serían ilegítimos desde el punto de vista social: ¿su pago responde a intereses de la población? Al fin y al cabo, la ciudadanía es quien los asume en última instancia. El estudio se centra en esos pagos, deudas o ayudas públicas que “generan fenómenos, mecanismos o comportamientos en favor de los intereses de una minoría, que violan los derechos humanos o el derecho al desarrollo, a la identidad o a vivir en un medio ambiente sano”. ¿En qué condiciones se reconoce el pago al sector?, ¿se usan estos pagos para intereses distintos u opuestos a los de la sociedad?, ¿qué impacto supone para la población este pago? El Salmón Contracorriente resume los resultados del estudio a continuación:

Economía real: componentes de la tarifa eléctrica

Para realizar este apartado, el autor ha tomado como referencia los componentes de la tarifa eléctrica como instrumento regulador del sector eléctrico. Para Cotarelo, tanto la componente regulada como la de mercado demuestran que se han efectuado pagos contrarios a los intereses de la población.

En la parte regulada de la tarifa eléctrica existen pagos asociados a la energía nuclear, al déficit de tarifa, asociados al carbón y los “costes de transición a la competencia”. Todos “podrían ser considerados ilegítimos por ser contrarios a los intereses populares”, añade el autor.

La componente de mercado de nuestro recibo de la luz está condicionada por el funcionamiento “irregular” del mercado diario, que en gran medida fija los precios de la electricidad. Según Cotarelo, en este apartado se dan resultados anómalos, como la generación de beneficios extraordinarios sin justificar para los propietarios de las centrales nucleares e hidroeléctricas más antiguas. Además, existen otros pagos en la tarifa eléctrica diferentes a los mencionados: pagos por capacidad, la aplicación del impuesto a la electricidad (más el IVA), los pagos asociados a los contratos de interrumpibilidad y la recaudación por el alquiler de los contadores. Ninguno de ellos presta un servicio fundamental a la ciudadanía.

Economía financiera: los mecanismos del mercado

En el plano financiero destacan los pagos que el Estado realiza a las compañías eléctricas a través de la subasta CESUR y los del llamado déficit de tarifa. A principios de 2014, el Gobierno reconocía que los ciudadanos han soportado un pago adicional injustificado en la factura eléctrica entre 2009 y 2013, provocados por la subasta CESUR. Además, debido a la emisión de bonos de mercado, el pago de los intereses del déficit tarifario compromete recursos públicos futuros destinados a pagar los intereses de una deuda que podría considerarse ilegítima por haber sido “generada de manera opaca e irregular”.

Economía real-real: la deuda ecológica

Para el autor del estudio, “en la medida en que sobre pasa los límites biofísicos y éticos [el sector eléctrico español] resulta insostenible”. En referencia a esta deuda ecológica Pablo Cotarelo concluye que “el sistema de economía, entendido como el que integra los subsistemas industriales, agrarios y urbanos con el trabajo reproductivo humano y la biosfera, no podría soportar al sector eléctrico español”. Ni de manera global ni a sus factores humanos de forma individual. Para el autor, los daños efectuados “se han mostrado irreparables, pues afectan fundamentalmente a la salud de las personas, a su supervivencia y al sostenimiento de los ecosistemas”.

Insostenibilidad de las empresas eléctricas

"El informe demuestra que el sistema eléctrico español no es sostenible, ya que ha recibido 65.000 millones de euros en ayudas"

Los hechos recopilados indican que la historia reciente del sector eléctrico español es la historia de una crisis constante en la que las empresas requieren del apoyo público para sostenerse. En los términos actuales de financiarización de la economía, una gran empresa es rentable cuando es atractiva (beneficios crecientes) para los inversores financieros en el desarrollo de una actividad que está sujeta a importantes limitaciones, como las del sector eléctrico español. Una de las consecuencias del apoyo del estado a las empresas es que éstas han terminado controladas por actores de carácter eminentemente financiero, y en el caso de las dos mayores empresas (Endesa e Iberdrola) por actores públicos extranjeros (ministerio de economía de Italia, en el primer caso, y fondo soberano de Qatar, en el segundo). Los datos indican que no parece posible que estas empresas pudiesen haber atraído a dichos inversores o desarrollado su actividad actual sin el ingreso de los pagos considerados ilegítimos en el presente estudio. "El informe demuestra que el sistema eléctrico español no es sostenible, ya que ha recibido 65.000 millones de euros en ayudas", explicó Cotarelo.

El texto finaliza proponiendo la puesta en marcha de una auditoría ciudadana, considerando que los pagos ilegítimos al sector eléctrico son una constante desde 1998 y diferencia entre la energía dedicada al negocio y la energía dedicada a la satisfacción de necesidades humanas. También tiene en cuenta la búsqueda de rentabilidad de los grandes capitales, desde la extracción hasta el uso, y los impactos medio ambientales y sociales que estas prácticas provocan. A partir de una auditoría, se establecerían las medidas necesarias para transitar hacia un modelo más justo con las mayorías sociales, garantizando sus derechos fundamentales y basado en la relocalización de la cadena de suministro energético, la autosuficiencia y el reparto justo de las cargas ambientales y sociales a nivel global.