Las aguas del río Canbalam se abren paso a través de un frondoso bosque. Un lugar para perderse, para escuchar los sonidos de la naturaleza y sentir el palpitar de la vida. Allí tienen su hogar diversos pueblos indígenas de la región. “De este agua dependemos, si no hay agua no hay vida. Nos sentimos oprimidos y perseguidos por la empresa que ha venido a posesionarse en nuestros territorios. Nosotros no queremos porque amamos nuestra tierra, amamos nuestro río”, dice Aurora Velázquez, líder comunitaria.
Ecoener-Hidralia es propiedad de la familia gallega Castro Valdivia. En 2008 dio el salto a Guatemala con el nombre de Hidro Santa Cruz. Pero sus planes se torcieron. En Santa Cruz de Barillas se encontró con el rechazo mayoritario de la población local a su intención de construir una presa en su territorio. No obstante, la empresa ha conseguido algunos apoyos que, aunque minoritarios, han provocado divisiones en la comunidad.
Durante años, quienes se han opuesto con determinación a la construcción de la presa han sufrido una vulneración constante de sus derechos humanos: secuestros, amenazas, agresiones y el encarcelamiento de líderes comunitarios. Cuando en 2012 llegaron a la zona las primeras grandes máquinas, el conflicto se agravó. La escalada de violencia llegó al máximo en mayo de ese año, al sufrir un atentado tres de los líderes opositores. Uno de ellos murió. El Gobierno decretó el Estado de Sitio, periodo durante el cual se intensificaron la violencia y las violaciones de derechos humanos. A día de hoy, las familias mantienen un campamento de resistencia con el objetivo de impedir el paso de las máquinas.
Un proyecto Marca España
El caso de Ecoener-Hidralia se suma a otros muchos de empresas españolas en América Latina, en los que se repiten atropellos similares (dentro del sector energético, Repsol y Endesa han protagonizado algunos de los más cuestionados) [1]:
• La empresa considera que tiene derecho a llegar a otro país y usurpar el agua o el territorio a sus pobladores originales.
• No se tiene en cuenta el daño ambiental en ecosistemas de alto valor ecológico.
• No se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de llevar a cabo cualquier proyecto que les afecte directamente. [2]
• Se criminaliza la protesta, convirtiendo a las víctimas en “culpables” (no se sabe muy bien de qué).
Todo ello configura la otra cara de la Marca España, muy diferente de la que se promueve desde las altas esferas, esa que identifica los intereses de las empresas multinacionales con los del país y mantiene bajo la alfombra sus impactos negativos, que sin embargo son bien patentes para las poblaciones locales. “No podemos dejar que una empresa entre así en nuestro pueblo, a provocarnos tantos problemas”, dice Carmela Mérida, desde Santa Cruz de Barillas. “Las empresas extranjeras vienen a violentar los derechos. Lamentamos que nuestras autoridades, especialmente el gobierno de turno, se hagan cómplices”, añade Arturo Pablo, otro de los líderes de la comunidad.
La campaña llega a España
En mayo de 2015, dos líderes opositores han sido condenados a 33 años de prisión por delitos que aseguran no haber cometido. Actualmente hay nueve personas en la cárcel de Huehuetenango.
El enquistamiento del conflicto y el sufrimiento que está provocando a las familias ha hecho que la campaña llegue a nuestro país de la mano de tres organizaciones: Alianza por la Solidaridad [3], Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, que se han unido para buscar el apoyo de la sociedad española y lograr la paralización definitiva de la presa.
Puedes apoyar la campaña firmando la carta a Ecoener-Hidralia en las web de Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra.
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