Con la denominación de lobby militar-industrial nos referimos al conjunto de organizaciones que rodean el militarismo entendido como la influencia de lo militar sobre lo político, es decir: las industrias de armas; los accionistas; las corporaciones financieras con fuertes intereses en ellas; los políticos que defienden esos intereses y que a su vez se encuentran vinculados a las industrias de guerra; los altos mandos de las fuerzas armadas, muchos de los cuales también tienen estrechos vínculos con las empresas de armas; las empresas de insumos y servicios que suministran a las fuerzas armadas; y, finalmente, los organismos multilaterales militares donde también confluyen los intereses de todas las organizaciones anteriormente detalladas. Todos ellos son los beneficiarios directos de la inercia política que invade los países del mundo industrializado en favor de mantener un importante gasto militar para favorecer sus intereses particulares.

En el Estado español también tenemos presente este lobby militar industrial que ejerce esa presión sobre las decisiones de los políticos que gobiernan. Una buena prueba de ello es ver como las empresas militares se interesan por fichar como ejecutivos a políticos que han estado ligados al Ministerio de Defensa o a militares de alto rango de las fuerzas armadas. Esto es un hecho común en muchos países debido a los beneficios que obtendrán sus empresas de un personal con relaciones, conocimientos e información privilegiada sobre las políticas militares. En ese sentido España tampoco es diferente y en los últimos años se han prodigado los militares o políticos que dejado el servicio activo pasan a incorporarse como ejecutivos en empresas militares en eso que hemos venido en llamar puertas giratorias.

Por otro lado, la enorme crisis por la que atraviesa la sociedad española, viene en buena parte producida por una “burbuja armamentista” que se ha ido gestando por la mala gestión de los diferentes gobiernos respecto a las adquisiciones de los denominados Programas Especiales de Armamentos (PEAS).

Estos PEAS se iniciaron a mediados de los años 1990 con una duración, según los casos, de 15 y 30 años y que en su día tenían unos costes iniciales de 20.000 millones de euros. Para no incrementar en demasía el presupuesto de Defensa, se diseñó un jeroglífico contable, el Ministerio de Industria avanzaba créditos a las empresas militares para realizar esos PEAS a cero interés (los cazas EF-2000, los helicópteros Tigre y NH-90, los misiles de esos aparatos, los blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100 y diferentes buques de guerra). A día de hoy no se han retornado los 16.000 M€ en créditos concedidos, y el Ministerio de Defensa no sabe cómo solucionar el pago de esas armas a las industrias. Una ingeniería financiera que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas, pues en el transcurso de los años esos créditos más los compromisos con las industrias han acumulado una deuda de 32.000 millones que hoy Defensa no sabe cómo afrontar sin aumentar considerablemente el presupuesto.

Burbuja de armamentos que contribuye de manera especial al enorme gasto militar de España, al endeudamiento y al déficit público. Un enorme desaguisado que el actual Gobierno no sabe cómo resolver y que es una hipoteca para el conjunto de la sociedad española.