Aumentar la recaudación de las arcas estatales es un quebradero de cabeza para los gobiernos, voluntariamente sometidos, eso sí, a exigencias neoliberales y austeridades presupuestarias. Parecen haber olvidado que en los años 80 esos gobiernos o del mismo pelaje se sumaron entusiastas a la propuesta de Thatcher y Reagan de cobrar cada vez menos impuestos a quienes más tienen y más ganan. No contaban con la crisis, pero han contribuido a que se convierta en descarado saqueo al pueblo trabajador. Y aún tenían menos en cuenta (pero no por inocencia o ignorancia) la insaciable codicia de las corporaciones, grandes empresas y grandes fortunas que, no contentos con la rebaja de impuestos, rebañan más y más cuentas y arcas públicas.
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Esos monstruos económico-financieros, con la inestimable ayuda de empresas filiales en paraísos fiscales, préstamos entre éstas y transferir beneficios a otros lugares fiscalmente permisivos, consiguen apenas pagar impuestos. Cuando los pagan.
Pero, desde la publicación de los papeles de Panamá, con la revelación de trampas, trucos y delitos para evadir o eludir el pago de impuestos, se han agitado las aguas y una parte de la ciudadanía parece dispuesta a afrontar la mafiosa actuación de corporaciones multinacionales y grandes fortunas que consigue que quienes más tienen y ganan no paguen los impuestos que debieran.
Las multinacionales eluden impuestos
Hace unas semanas se conocieron las trampas de Apple y Google para no pagar impuestos. Poco después se supo que la empresa alemana BASF, la mayor del sector químico, eludió pagar casi mil millones de euros con técnicas de planificación fiscal. Lo ha desvelado un estudio fiscal encargado por el grupo Los Verdes del Parlamento Europeo. El informe explica como las empresas de ese grupo trasladan beneficios de unas filiales a otras en Bélgica, Malta, Suiza, y Holanda y consiguen finalmente no pagar impuestos. Con trucos como tener 22 filiales sin empleado alguno que se prestan dinero unas a otras para finalmente pagar menos impuestos. O, como hacen también otras corporaciones, declarar beneficios directamente en paraísos fiscales donde no se pagan impuestos o son de risa.
Por su parte la multinacional sueca Ikea dejó de pagar mil millones de euros de impuestos en Europa con la llamada ingeniería fiscal. ¿No deberían considerarse delitos esas actuaciones? A fin de cuentas evadir y eludir impuestos es apropiarse indebidamente de lo que pertenece a la ciudadanía, porque, al no tributar al Estado, se le dificulta o impide que asegure la vida digna de todos y el ejercicio de sus derechos humanos.
Un eslogan español de hace unos años, para promover la conciencia tributaria, proclamaba que ’Hacienda somos todos”. Pero desde la lista Falciani de evasores de impuestos hasta los papeles de Panamá parece que unos pocos son mucho menos Hacienda que el resto y sí inaceptable escaqueo fiscal.
Algo se pone en marcha contra evasión y alusión de impuestos
Desde hace unas semanas, una sesentena de parlamentarios europeos investiga en varios países europeos los trajes fiscales hechos a medida para las multinacionales. Como Luxemburgo, por ejemplo. Acuerdos fiscales ad hoc que permiten a Google, Apple, Ikea, McDonalds, Fiat, Starbucks... no pagar las cantidades de dinero en impuestos que deberían abonar. Por cierto, el Reino de España también forma parte de la fancachela evasora y de elusión fiscal. En 2012 alrededor de 900 empresas españolas trasladaron sus sedes centrales al diminuto país de Andorra en los Pirineos. Y no precisamente porque sea más saludable vivir entre altas montañas.
En 2012 alrededor de 900 empresas españolas trasladaron sus sedes centrales a Andorra
Lo cierto es que la menor recaudación que provocan la evasión y elusión de impuestos adelgaza las arcas públicas y empuja al Estado a endeudarse si quiere cumplir mínimamente sus innegables obligaciones sociales. A menudo demasiado mínimamente. Pero endeudarse no es bueno, sobre todo cuando la deuda alcanza el 101% del PIB (caso de España) y cuando los tratados de la Unión Europea convierten la deuda en un negocio sucio agobiante pensado para beneficiar al sector financiero (sobre todo gran banca), pero no a la ciudadanía. A ese respecto (beneficiar a pocos y no a la mayoría), el Nobel Stigitz escribió al principio de esta crisis que, si el gobierno de EEUU hubiera dado a las personas con hipoteca que no podían pagarla solo una parte del montón de dinero que dio al sector financiero cuando se iba pique, no hubiera habido crisis o hubiera sido más manejable y menos cara.
Menos recaudación estatal significa menos y peores servicios que aseguran los derechos humanos básicos. Para mayor complicación actual, la Unión Europea (UE) exige al gobierno de España que reste 5.500 millones de euros en los presupuestos generales de 2017 para reducir el déficit al límite impuesto por Bruselas. El gobierno de Rajoy dice que no hará recortes, no aumentará el IVA ni el IRPF, porque aumentará otros impuestos (tabaco, alcohol, gasolinas y gasóleos). Pero está por ver esa presunta buena voluntad fiscal, porque hace un par de años permitió que las grandes empresas ahorraran 20.000 millones de euros anuales en el impuesto de sociedades y el Estado dejó de recaudar ese dinero. Casi cuatro veces el recorte presupuestario que exige la UE. Da que pensar sobre la voluntad de este gobierno.
El pueblo trabajador paga los platos rotos
Si al recorte presupuestario exigido sumamos que la mayoría de parados del Reino de España no está protegida, la situación deviene dramática. Inaceptable. Pues según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre de 2015 había 3.200.000 personas sin empleo ni subsidio. Solo 1.100.000 parados reciben algún tipo de prestación. Porque la tacaña protección y ayuda del gobierno del PP a los parados solo alcanza al 26% de parados. La cuarta parte de gente sin trabajo.
¿No es para preocuparse? Pues tiene que ver con las trampas y trucos que perpetran las grandes corporaciones, algunas poderosas fundaciones y grandes empresas que facilitan una evasión y elusión fiscales a gran escala, cuyo primer fruto envenenado es la debilidad de las arcas públicas. Y finalmente paga el pato la mayoría ciudadana.
Por eso es imprescindible una reforma fiscal que beneficie a esa mayoría que ahora paga los platos rotos. Una reforma fiscal justa, progresiva y suficiente cuyo regla fiscal no sea gastar en función de lo que se pueda recaudar sino recaudar en función de lo que haya que gastar para asegurar los derechos y la vida digna de la ciudadanía. Más una persecución implacable de los delincuentes evasores fiscales, sus cómplices y de practicantes de la elusión de impuestos.
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