En un contexto de fuerte desmantelamiento de las políticas sociales a nivel autonómico y local, especialmente de la política de cooperación (que ha sufrido un 70% de recorte desde 2008), y en el marco de las negociaciones para el establecimiento de una nueva agenda internacional de desarrollo post2015, instamos a los partidos políticos a que se comprometan con un modelo de desarrollo que se aplique en cada municipio y autonomía, e impulse en lo global.

Este modelo de Desarrollo debe:

1. Responder de manera efectiva a los tres desafíos que abandera la Agenda Post2015 pobreza, desigualdad e insostenibilidad, y hacerlo enfrentando las causas estructurales de los problemas en estos ámbitos, focalizándose en el impulso de una fiscalidad justa y en el cambio de los modelos de producción y consumo.

2. Colocar en el centro de la agenda política a las personas y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos, el sostenimiento de la vida, el fortalecimiento de la Democracia desde el nivel local, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana. Por este motivo, demandamos a los partidos que rechacen de forma contundente la reforma local impulsada por la Ley 27/2013.

3. Impulsar la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el conjunto de la acción de gobierno, para abordar, desde un enfoque causal, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa de un medio ambiente sostenible. En este sentido, promover el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública y la definición de criterios de Compra Pública Ética, entre otros, el consumo de los productos de Comercio Justo.

4.Comprometerse con la defensa de los Derechos Humanos en todo el mundo a través del impulso de una política de Cooperación orientada a la lucha contra la pobreza y la desigualdad, especialmente la de género y al impulso de una conciencia ciudadana crítica y solidaria.

5. Reconocer e impulsar la política de Cooperación como una política social pública, previsible, transparente, al margen de la lucha partidista y con una dotación presupuestaria que responda al compromiso internacional del 0,7%.

6. Profundizar en la complementariedad y el valor diferencial de la política de Cooperación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, respecto a la que realiza el MAEC. Fomentar la coordinación de las políticas de Cooperación entre los actores locales, autonómicos y el MAEC, especialmente en materia de Acción Humanitaria.

7. Mejorar las capacidades técnicas y mecanismos de gestión, de los órganos encargados de la política de Cooperación, dotarlos de competencias políticas, recursos económicos, medios técnicos suficientes y adecuados, así como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

8. Impulsar la participación real, equitativa y efectiva de la sociedad civil, en el diseño, implementación, seguimiento y rendición de cuentas de la política de Cooperación, mejorando el funcionamiento y representatividad de los Consejos de Cooperación para que se conviertan en verdaderos órganos de decisión ciudadana.

9. Impulsar de manera significativa la Educación para el Desarrollo, como herramienta fundamental para la construcción de una ciudadanía global, activa, crítica y solidaria.

10. Reconocer e impulsar de manera significativa la contribución fundamental de las ONGD a la construcción de la política de Cooperación, no sólo como canalizadoras de Ayuda Oficial al Desarrollo, sino también en su rol de incidencia política y sensibilización social. Promover su capacidad para desarrollar programas que apoyen la concienciación ciudadana, el Comercio Justo, la Banca Ética, la Economía Solidaria y la Responsabilidad Social de las empresas.